Tal y como muestran las numerosas en­cuestas que una y otra vez dan a conocer institutos o entidades que actúan bajo el paraguas de lo que viene en llamarse demoscopia, una vez más aparecen en los últimos lugares de las listas, incluso retrocediendo, los políticos. Sin importar el color de las dis­tintas formaciones. Una posición que no hace otra cosa que recoger la opinión genera­lizada que tiene la sociedad de esos hom­bres y mujeres que deberían dedicarse, sobre todo, y aunque tal manifestación pueda resultar ingenua, al buen hacer en el arte de gobernar.

Pero qué otra opinión pueden tener los gobernados cuando una y otra vez se desta­pan escándalos de corrupción propiciados bien de forma directa por los mismos políticos, o bien de forma indirecta a través de instituciones, empresas públicas o indivi­duos que dependen de ellos. Y son solo unos pocos los casos visibles, porque una buena parte de ese tipo de actuaciones, que pue­den considerarse delictivas, quedan dilui­das en la compleja maraña que forman los partidos cuando, por intereses comunes, ac­túan al unísono y protegen y amparan a cualquier implicado hasta el final.La penúl­tima imagen penosa de corrupción desta­pada, y con años de retraso, ha sido la del caso Pallerols, en Cataluña, donde se ha visto involucrado, nada menos, que Duran i Lleida, uno de los políticos mejor valorados has­ta la fecha en todas las encuestas. Después ha llegado el caso Baltar, en Galicia, Y mu­cho antes, años ha, y aquí en Aragón, la denominada Operación Molinos, cuyas ins­trucciones judiciales parecen ir para largo.

En las tertulias radiofónicas, televisivas y en los periódicos, se tratan con frecuencia estos asuntos. Y siempre aparece alguien que, con razón, afirma que también existen buenos políticos en los partidos, y honestos del todo. Nadie lo duda. Así debe ser, pero no son lo suficientemente buenos como para ac­tuar de forma contundente y rotunda ante compañeros imputados en alguna causa por la justicia. Ningún reparo, si viene a cuento, en mirar para otro lado y permitir que el co­lega de turno vuelva a presentarse de nuevo a las elecciones. El ciudadano nada pue­de hacer para apartarlos, pero sí pueden ha­cerlo los mismos partidos con objeto de no quedar desacreditados.

En todas las encuestas, la clase política
aparece en los últimos lugares.

Pero hay más, porque la sombra de los partidos políticos es alargada, como la de los cipreses, y bajo esa sombra se cobija también otro tipo de corruptela que pasa desapercibida, pero que siempre está allí y en la que no suele o no puede intervenir la justi­cia: se trata de centenares de nombramien­tos a dedo o enchufados, que diría el pueblo, que existen en cualquier comunidad a tra­vés de gobiernos autonómicos, ayuntamientos, diputaciones y comarcas y que tan solo en algunos casos podrían quedar justifica­dos. Y se ven inmersos todos los partidos políticos sin excepción y hasta, a su manera y manejando otros recursos, los sindica­tos también. El número depende de la cuo­ta de pantalla obtenido en las urnas para re­partirse el pastel. Se trata de colocar a expo­líticos, descolocados, a miembros del parti­do, a amigos y a otros apegados que se muestran fieles a la causa.

Pero es que, además, los citados -como los fantasmas- no tienen rostro, ni tienen que dar la cara como deben de hacer los representantes políticos. Permanecen ahí, en la sombra, agazapados, ocupando los mayores cargos en sus destinos, consu­miendo una buena parte del presupuesto del contribuyente. Y hasta se han creado empresas públicas innecesarias para aco­gerlos. Todo ello sin haber tenido que pa­sar siquiera por una selección previa ni tampoco por una larga y penosa oposición. Situación por la que sí han tenido que pa­sar los vilipendiados funcionarios que, esos sí, como premio a su valía y a seme­jante esfuerzo de años de preparación, han tenido que verse sometidos a busca y captura sin piedad por parte del gobierno de la nación y  de las distintas comunidades autónomas.

* Publicado por cortesía de Heraldo de Aragón.