En la actualidad continúan surgiendo casos particulares relacionados con la inclusión educativa del autismo, los cuales trascienden mediáticamente por particularidades específicas. A pesar de la evolución progresiva de la cuestión a través de los años, dichos casos actuales plantean nuevas y más complejas situaciones al respecto. En estos últimos dos años se dio a conocer una historia relacionada precisamente con la presencia de los Trastornos por Espectro Autista en la educación secundaria, teniendo lugar además en la Comunidad Valenciana, una de las regiones españolas más adelantadas y avanzadas en este sentido.

Este caso tuvo lugar en la localidad valenciana de Torrent y se hizo público en abril de 2019. Desde que estaba finalizando Primaria ya contó con varios percances hasta su entrada en la Educación Secundaria Obligatoria. A un menor de 11 años de edad llamado Óscar, diagnosticado con autismo y altas capacidades, le denegaron la presencia de su asistente personal, el cual poseía desde hacía cuatro años y que su familia pagaba por su cuenta, durante su estancia en los horarios lectivos del instituto (IES Veles i Vents), al que acababa de pasar en el anterior curso académico 2019/20.

Dicha restricción fue ordenada por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana, alegando que el asistente de Óscar no formaba parte del personal docente. Ante esta situación, Juan Diego Rodríguez, padre de Óscar, recordó que la familia poseía una sentencia previa de los tribunales a su favor (siendo además pionera a nivel autonómico) en donde se aprobaba que el menor contara con recursos y educadores exclusivos para él y ajustados a su  perfil dentro de una docencia ordinaria tal y como solicitaba la familia. Esta sentencia viene precedida de otra situación que Óscar arrastraba desde que terminó la Educación Primaria, ya que el niño acudía en ese entonces dos días a la semana a un colegio público ordinario, y los otros tres a un centro de Educación Especial, provocando desajustes en sus integraciones e interacciones sociales pese a que avanzaba adecuadamente en el aspecto académico.

Ante la prohibición del acompañamiento del asistente personal de Óscar y la falta de los apoyos tramitados durante el verano previo al comienzo del curso, el IES Veles i Vents de Torrent proporcionó por su propia cuenta atenciones improvisadas a Óscar mediante profesores de guardia, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y la educadora del aula mixta; los cuales ya venían incorporados en el centro con carácter general aunque igualmente poseen escasos recursos genéricos y ninguno específico para este alumno. Finalmente la familia de Óscar presentó un recurso ante el TSJ, el cual fue aceptado y tuvo una resolución favorable, concediéndole al joven la asignación de una educadora exclusiva que empezó a trabajar con él a partir del 14 de diciembre de 2019, mientras concluía el primer trimestre del curso académico.

Contextualizando la historia de este caso, comprobamos que es muy reciente, pues el transcurso del mismo tuvo lugar en 2019, acabando ya la década de los 2010. Situándolo también en el marco político de este tiempo, ha sucedido durante el mandato de las dos últimas legislaturas de la Generalitat Valenciana, siendo ambas gobernadas por el ya conocido como Pacte del Botànic I y II, una coalición de izquierdas formada por PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem que otorgó la presidencia de la Comunidad al socialista Ximo Puig y la vicepresidencia a Mónica Oltra (Compromís). Por último, en el caso de Óscar Rodríguez y su familia entran en juego varios factores respecto a la inclusión educativa del autismo que han sido tratados por varios partidos políticos de España: la libertad de las familias de escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos, la confrontación entre centros ordinarios y de Educación Especial y la clase de recursos que se aportarán a los estudiantes afectados, así como la adopción de materiales y la distribución de éstos y sus destinatarios.

En el plano mediático, esta historia ha sido recogida periodísticamente por diarios nacionales y regionales; concretamente El País (Un tribunal obliga a escolarizar a un niño autista con altas capacidades en un colegio ordinario), Las Provincias (Una familia denuncia que prohíben a su hijo con autismo ir al instituto con su asistente personal) y Levante-EMV  (Educación prohíbe que un niño con TEA vaya al instituto con su asistente personal y La conselleria adjudica por primera vez una educadora en exclusiva a un alumno de Torrent). El primero y el tercero son de orientación política progresista, mientras que el segundo es de carácter conservador. El País habló del caso de Óscar cuando surgieron sus percances de integración y asistencia en la finalización de su Educación Primaria, circunstancias que luego configurarían los problemas que arrastró cuando inició sus estudios en Educación Secundaria Obligatoria. El País no esconde las deficiencias de la Administración valenciana en atender la situación del menor ni las obligaciones impuestas a la Generalitat por parte de los juzgados de lo contencioso-administrativo, y hasta recoge una declaración de la abogada de la familia de Óscar en donde se apela al derecho a una educación inclusiva de calidad establecida por la Convención de la ONU de 2008. En Las Provincias se habla de las discrepancias en las declaraciones de la Consellería de Educación y la familia Rodríguez acerca de la manera en que se estaban proporcionando los apoyos a Óscar en el instituto y los respaldos jurídicos existentes.

En Levante-EMV, que es además el medio de comunicación que más ha tratado este caso en cuanto a número de artículos y detalles propiciados en la información, enfatiza en las restricciones que interpuso la Conselleria de Educación cuando el niño pasó al instituto y en las carencias de apoyos que le propiciaban en el centro a causa de la acción de la Generalitat, y hasta recoge una confrontación entre el área de Educación y la Conselleria de Igualdad, pues éste último tenía previsto entre sus planes de políticas públicas la potenciación de ayudas económicas y humanas para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad (cabe recordar que el autismo todavía es considerado parte de esta afección). A grandes rasgos y en su tratamiento de la información, en ninguno de los artículos de todos estos periódicos se aprecia una crítica explícita a las actuaciones del gobierno en relación coherente con su ideología política, como se puede observar a menudo en el proceder de otros medios como OKDiario, Periodista Digital y Libertad Digital (de influencia de derechas) o eldiario.es, La Marea y Público (de influencia más de izquierdas).

Tras haber matizado anteriormente que la historia de Óscar sucedió durante una legislatura progresista, también comprobamos que la clase de consideración y tratamiento del TEA en los partidos políticos no se asocia directamente con su orientación, es decir, no depende de si son de izquierdas o de derechas. Tradicionalmente se ha mantenido el pensamiento de que las agrupaciones conservadoras son más intolerantes y discriminatorias que los grupos de izquierdas, vistos como más abiertos e inclusivos por naturaleza y, por ello, los de derechas están más atrasados en estas cuestiones. Sin embargo, vemos ejemplos de Comunidades Autónomas en donde la derecha llegó a anticiparse a la izquierda.

En la Comunidad Valenciana, región gobernada por los conservadores durante veinte años desde 1995 hasta 2015, se aprobó su primera Ley Orgánica de inclusión del colectivo autista en el año 2003 mientras la Generalitat estuvo presidida por José Luis Olivas Martínez (PP), quien gobernó durante el último año de la legislatura abandonada por Eduardo Zaplana hasta los comicios ganados por Francisco Camps. Sin embargo, ello no ha impedido que la izquierda haya sido pionera en otras regiones como Andalucía, cuya primera Ley Orgánica específica data del año 1999 bajo el mandato del socialista Manuel Chaves. Por esto, podemos percatarnos que muchas veces no solo se depende de la orientación política, sino del factor geográfico y la sensibilidad social de la zona en particular. Del mismo modo, es indiferente el lado político del partido para que puedan ser novedosos o tempranos en sus planes inclusivos, pues tanto el PP como PSOE y otras formaciones como Izquierda Unida ya contaban en sus respectivos programas electorales con la inclusión del autismo desde los primeros años 2000.

Por último, en la inclusión educativa del autismo entran en juego incipientemente algunos derechos fundamentales recogidos en la Constitución vigente, para los cuales los partidos políticos solicitan defensa y protección. El más notable es el blindaje del derecho de los progenitores de los alumnos a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos. En el tema que aquí nos ocupa, buena parte de los padres demandan que sus vástagos con autismo sean matriculados en escuelas ordinarias con los apoyos necesarios para sus necesidades aun cuando a menudo las Administraciones Públicas los reorientan a los centros de educación especial, tal y como aconteció en la historia de Óscar Rodríguez.

En estos últimos años se ha progresado mucho en los avances educativos en los pacientes con Trastorno del Espectro Autista, pero tal y como se ha evidenciado en este caso, aún queda mucho trabajo por hacer.