Escrito por: Miguel Miranda Aranda

Desde el comienzo de año y con motivo de la entrada en vigor de la Ley que modifica la 28/2005 de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se vienen oyendo algunas opiniones que sólo responden a la defensa de sus intereses económicos y algunas otras a la simple ignorancia.

Por supuesto que todo el mundo puede opinar de lo que quiera, pero convendría distinguir entre opiniones basadas en datos y en el conocimiento técnico y científico, de aquellas otras que no tienen el menor fundamento. A nadie se le prohíbe fumar. No es por tanto ninguna Ley restrictiva de las libertades, como algún desinformado se ha atrevido a decir. No tiene justificación la negación a aplicar la ley en sus locales, en un desafío total al Estado de Derecho, lo que sin duda tendrá la respuesta administrativa o judicial en su caso. Es sabido que las libertades individuales acaban donde empiezan los derechos de los demás y hay datos refrendados por la comunidad científica internacional y por Organismos competentes para tomar las decisiones contenidas en este texto jurídico.

Es sabido que las libertades individuales acaban
donde empiezan los derechos de los demás

Veamos: Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco es la primera causa evitable de enfermedad, invalidez y muerte prematura en el mundo. En concreto en nuestro país mueren cada año 50.000 personas por enfermedades derivadas del consumo de tabaco, una cifra mayor que el conjunto de fallecidos por accidentes de tráfico, Sida y consumo de drogas ilegales. De todas estas muertes, más de una cuarta parte (26,5%) son prematuras, ocurren antes de los 65 años. Estas cifras significan que unas 137 muertes se producen al día como consecuencia del tabaco. Es científicamente indiscutible que el tabaco está vinculado a la aparición de unas 30 enfermedades, entre ellas 10 tipos de cáncer, y es la principal causa de la mitad de las enfermedades cardiovasculares. El tabaco es el responsable del 90% de los casos de bronquitis, del 95% de los casos de cáncer de pulmón, del 30% de todas las cardiopatías coronarias y está también asociado a la aparición de cáncer de cavidad bucal y laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón, vejiga, cuello uterino y leucemia mieloide aguda, aumenta el riesgo de diabetes, facilita la adicción a otras sustancias, incluido el alcohol… en fin, está relacionado con un montón de patologías.

En el año 2002 la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), clasificó al humo ambiental de tabaco como sustancia cancerígena para los humanos, estimando su contenido en más de 4000 sustancias químicas, de las cuales 69 son cancerígenas. Esto tiene que ver con el punto más controvertido de la Ley: la prohibición de fumar en espacios cerrados y por tanto en bares y restaurantes, aspecto que la Ley del 95 no acabó de resolver bien. Convengamos en que si una persona quiere fumar, está en su derecho. La Ley no se lo prohíbe, ni se declara el tabaco ilegal, como sí lo son otras drogas. Pero convengamos también que el que adopta la libre decisión de no fumar no tiene por qué tragarse esas 69 sustancias cancerígenas que los fumadores dejan en el ambiente. Y reconozcamos también que los camareros tampoco tienen que aceptar como un riesgo inevitable de su trabajo las consecuencias de ser fumadores pasivos.

El tabaco es la primera causa evitable de enfermedad,
invalidez y muerte prematura en el mundo

Sin duda los datos relativos a vidas humanas son los más importantes, pero como un argumento que se esgrime a menudo son las presuntas pérdidas económicas de los establecimientos hoteleros, hablemos de Economía. En España, los costes sanitarios directos de 5 enfermedades asociadas al tabaco ascienden a 7.695 millones de euros anuales. Para las empresas el coste económico del tabaquismo se ha calculado en 8.781 millones  de euros. Un dato interesante es el siguiente: para el sector hostelero el coste económico del tabaquismo ascendió en el 2008 a 447,2 millones de euros, desglosados en absentismo laboral, pérdida de productividad y costes adicionales de limpieza, mantenimiento y conservación de las instalaciones.  Hay expertos que han calculado que la aplicación de la ley, supondrá al sector hostelero, un ahorro de 90 millones de euros en este año 2011.

En fin. Hay muchos argumentos técnicos cuya explicación excede los límites de este artículo pero señalemos que la ley trata de conseguir unos objetivos sobre los que no tiene mucho sentido discutir: la protección a la población del humo ambiental del tabaco, incluyendo a los trabajadores en sus centros de trabajo, la protección a los menores, la prevención del inicio del consumo en gente joven, facilitar la deshabituación tabáquica y enviar un mensaje claro en el sentido de que fumar no debe de ser lo “normal” como hasta ahora.

Hay que decir que con todas las excepciones que se quieran, que los fumadores han entendido y aceptado la ley sin mayores problemas. Siempre hay exaltados que aprovechan para echar un pulso al Gobierno sin saber que lo van a perder con toda seguridad. También hay algún hostelero que el dos de enero estaba despidiendo gente alegando la pérdida de clientes. Eso es ponerse la venda antes que la herida. Dentro de unos años, e incluso meses, veremos como normal lo que es normal: que el que quiera fumar lo haga sin molestar al resto de ciudadanos.

Yo se lo digo muy a menudo a mis alumnas, digo alumnas porque observo que curiosamente son más fumadoras las chicas que los chicos, el fumar está pasado de moda. Pero reconozco que no me hacen mucho caso. Eso sí, desde la ley del 2005 no se fuma en el interior de la Facultad, el aire está mucho más limpio, no hay colillas por el suelo, los de la limpieza lo agradecen y los fumadores salen a la calle entre clase y clase. No es cuestión de modas. Es un tema de salud pública. Todos estamos contentos porque la DGT ha conseguido con sus políticas, reducir el número de accidentes. Pues dentro de poco habrá que felicitar al Ministerio de Sanidad, por la reducción de muertes achacables al tabaquismo. Si no, al tiempo. Es sin duda una buena acción del Gobierno, digan lo que digan los que no acaban de entender la ley, no quieren saber sus fundamentos o tienen otros intereses económicos que defender que nada tienen que ver con la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino con sus bolsillos.