Para todas las personas que vienen de fuera, incluso para algunos de los conciudadanos del país, llama la atención que cuando se acuda a “El Justicia” en realidad no se imparta nada de justicia. Enseguida sabemos pues que no es lo mismo esta institución que “la justicia”.

El Justicia en la actualidad ha quedado con una de las funciones para las que fue designada esta institución en la Edad Media: es uno de los más antiguos correspondientes a todos los “defensores del pueblo” europeos y mundiales actuales. Cuando fue creado tenía como misión preservar la foralidad y el derecho de los aragoneses, además de ser la máxima autoridad judicial, que entonces sí impartía.

A Juan V de Lanuza, “el mozo”, le costó la cabeza en el cadalso, el 20 de diciembre de 1591, el defender a un prófugo de la corte de Felipe II: el secretario Antonio Pérez, de ciudadanía aragonesa, que se refugiaría en Zaragoza acogiéndose al “derecho de manifestación”. Este rey entró con sus tropas en todo el reino contrariando sus propias promesas de mantener la foralidad aragonesa y vulnerando la figura del Justicia. Y es que este cargo presidía las Cortes en ausencia del rey, y también les tomaba juramento antes de ser proclamados como tales, como así lo hizo Felipe II. Otro borbón, Felipe V, suprimió la figura del Justicia en 1711, una vez que también asoló tierras aragonesas.

Con el Estatuto de Autonomía de 1982, Aragón recuperó esta figura equiparándola como ya se ha dicho a la del defensor del pueblo, siendo aquí la tercera autoridad después del Presidente del Gobierno y el Presidente de las Cortes.

Cualquier ciudadano que se sienta discriminado o dañado por un mal uso de la administración, así como si ésta cometiera algún tipo de irregularidad, puede libre y gratuitamente acudir a él.