Los gobernantes de nuestro país están llevando a cabo reformas superficiales que no abordan las raíces de la crisis y las defienden asegurando que son “el único camino posible”. Quieren hacernos creer que sólo tenemos dos opciones: aceptar sus reformas epidérmicas o dejar que se agrave la crisis. Pero afortunadamente hay una tercera opción: la opción de quienes no queremos prolongar la agonía de un sistema anti-personas y creemos que la política tiene que fundarse en compromisos éticos, no en ambiciones personales.

En esta colaboración pretendo exponer algunas propuestas que desarrollen esa tercera opción. Varias de estas propuestas circulan desde hace tiempo en foros, debates y actos de diversos movimientos sociales. He seleccionado aquellas iniciativas que considero más positivas y también más adecuadas a la situación de España.

1)  SISTEMA EDUCATIVO

El sistema educativo debe contribuir a formar ciudadanos conscientes, reflexivos, autónomos, equilibrados, coherentes y cooperativos. Para que pueda cumplir esta función primordial es necesario que se potencien los contenidos educativos directamente relacionados con la formación humana de los alumnos, tales como: autoconocimiento, atención plena, meditación, inteligencia emocional, técnicas de relajación, creatividad, comunicación asertiva y cooperación.

2)  REGENERACIÓN DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

–        Diseñar y aprobar una ley de transparencia que no deje cabos sueltos y no esté supeditada a las pretensiones oscurantistas de grupos privilegiados.

–        Establecer como requisito imprescindible para la modificación de la Constitucióny de las leyes fundamentales una mayoría de 2/3 en el Congreso más la aprobación de los ciudadanos a través de un referéndum telemático. Para hacer viable esta medida es preciso habilitar la web del Congreso y admitir el uso del certificado electrónico personal o del DNI electrónico en las votaciones telemáticas.

–        Terminar con los privilegios de los representantes públicos.

–        Crear una comisión parlamentaria para la reforma de la ley electoral.

–        Modificar la legislación para que los políticos no puedan intervenir en el nombramiento de altos cargos del poder judicial.

3)  GESTIÓN PRUDENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Hay que mantener -e incrementar en la medida de lo posible- la financiación pública para aquellos servicios y proyectos que son básicos para la calidad de vida de las personas: investigación para el desarrollo, educación, sanidad, asistencia a personas en riesgo de exclusión social, protección civil, pensiones, planes sectoriales de estímulo económico (véase el apartado 6) e infraestructuras necesarias.

Todos aquellos gastos que no sean vitales para el desarrollo sostenible de nuestro país deben ser reducidos y, en algunos casos, eliminados. Para llevar a cabo esta reducción de gastos superfluos se pueden aplicar las siguientes medidas:

–        Someter a referéndum la continuidad de determinadas instituciones anacrónicas, prescindibles y costosas, tales como: la monarquía, el senado, el consejo de estado o las diputaciones provinciales.

–        Redimensionar la administración estatal, autonómica y local, para acabar con las duplicidades y mejorar la coordinación y la eficiencia.

–        Reducir el presupuesto para defensa y seguridad. En lugar de emplear tanto dinero para “defender” a la población, sería mucho mejor que se dedicaran más recursos a enseñar a las personas a defenderse por sí mismas de los pensamientos y emociones negativas que tanto abundan en nuestra sociedad.

4)  SISTEMA FINANCIERO

Diseñar y aprobar una nueva ley del sistema financiero. Dicha ley debería exigir a las entidades financieras que asumieran y aplicaran un código de buenas prácticas bancarias. Este código deontológico podría comprender, entre otros, los siguientes puntos:

–        Los bancos deben ser selectivos y responsables a la hora de conceder préstamos. Tienen que considerar las garantías que ofrece el prestatario y también las características del proyecto en el que se va a invertir el dinero. Deben dar prioridad a aquellos proyectos de interés social o medioambiental.

–        Los bancos no deben incurrir en la usura.

–        Los bancos no deben hacer inversiones con fines especulativos.

–        Los bancos están obligados a ser transparentes con sus clientes. Éstos tienen derecho a saber qué se hace con su dinero.

La ley propuesta debería contemplar penalizaciones para los bancos que incumplieran este código. El Banco de España tendría que llevar a cabo una supervisión permanente y rigurosa.

También sería positivo que la mencionada ley fortaleciese el Instituto de Crédito Oficial y lo dotase de los instrumentos y competencias necesarias para financiar a las empresas que acrediten responsabilidad social y medioambiental.

La ley del sistema financiero también debería especificar procedimientos para ayudar a las familias que no pueden pagar sus deudas hipotecarias por causas justificadas (desempleo, enfermedad). En particular, habría que ofrecer a estas familias la opción de la dación en pago y también la posibilidad de permanecer en el inmueble expropiado durante cinco años pagando un alquiler reducido.

5)  SISTEMA FISCAL

Establecer un sistema fiscal que sea verdaderamente progresivo así como controles eficaces que vigilen especialmente a los grandes defraudadores. Aplicar el I.B.I. a las propiedades dela Iglesia católica (a los templos se les puede aplicar un tipo reducido).

6)  PLANES SECTORIALES

Para sanear y revitalizar la economía es preciso que el ministerio de economía diseñe e implemente planes de desarrollo al menos para los siguientes sectores estratégicos: agroalimentario, energético e industrial. El objetivo de dichos planes debe ser incentivar la creación de empresas medioambientalmente sostenibles y socialmente responsables. Cada plan sectorial debe ofrecer líneas de financiación ventajosas y beneficios fiscales para las empresas que cumplan las siguientes condiciones:

–        Diseñar y presentar un proyecto de empresa, que fije los principios, valores y objetivos en los que se basará la actividad empresarial. En dicho proyecto se dejará constancia de que el objetivo de la empresa no es acumular dinero sino cumplir una función social: proporcionar determinados bienes/servicios a cambio de un precio justo.

–        Establecer cauces para el diálogo y la participación de todos los miembros de la empresa.

–        Promover un clima de trabajo basado en el respeto y la cooperación.

–        No permitir diferencias salariales superiores al 20 %.

–        Controlar las emisiones de residuos contaminantes y tomar medidas para favorecer el ahorro energético.

–        Participar en redes locales y regionales de producción, distribución y consumo.

–        Proporcionar información detallada y veraz a los consumidores sobre las prácticas empresariales, utilizando etiquetas ampliadas, clarificadoras y precisas. Para que estas etiquetas funcionen y se extienda su uso es preciso que la administración establezca una lista única de símbolos, financie campañas informativas y realice controles periódicos en las empresas.

7)  MODERACIÓN DE LOS PRECIOS

Diseñar y aprobar una ley anti-especulación y crear un organismo especial que vele por su cumplimiento. Se trata de evitar que se especule con el precio de bienes sociales primarios, hay que fijar topes para los márgenes de beneficio.

La mencionada ley tendría que definir claramente los márgenes de beneficio tolerables para la vivienda, los alimentos básicos, los combustibles, la electricidad, los servicios telemáticos y cualquier otro producto/servicio que sea socialmente útil.

Además, sería preciso que la ley propuesta promoviera la relación directa entre productores y consumidores, disminuyendo así la presencia de intermediarios que suelen engrosar los precios. En este sentido, habría que incentivar la formación de mercados locales y regionales y todas aquellas formas de asociacionismo que favorezcan una relación sana y constructiva entre productores y consumidores.

8)  CONSUMO

Para regenerar el tejido empresarial español es imprescindible que los consumidores elijan los productos nacionales, en lugar de entregar su dinero a compañías internacionales que medran a costa de explotar trabajadores en países lejanos. Sería positivo que el gobierno central pusiese en marcha una campaña informativa para promover el consumo de productos nacionales con etiquetas homologadas que certifiquen la responsabilidad social y ambiental de las empresas productoras. Dicha campaña debería hacer énfasis en la urgencia de sustituir el consumismo imperante por una forma más consciente de consumir, que atienda a necesidades reales y apueste por productos cercanos de calidad.

9)  LEGISLACIÓN LABORAL

Definir una legislación laboral que equilibre los derechos de los empresarios y los derechos de los trabajadores. Dicha legislación debe permitir las reducciones de jornada y de salario en aquellas empresas que acrediten pérdidas continuadas y problemas graves de liquidez. Tales reducciones deben ser medidas temporales para evitar despidos masivos y deben respetar los derechos básicos de los trabajadores.